Ley de Educación Pública de Delpiano y Educación 2020: victoria de la privatización endógena

El día 4 de octubre el congreso aprobó la Ley de ¿Nueva? Educación Pública. En mi opinión, se trata de la victoria política de la privatización endógena de los sistemas públicos de educación (1), llevada a la práctica por la derecha, la centro izquierda chilena y los empresarios escondidos en influyentes Ongs. El documento de la ley consagra una toma de decisiones directiva y autoritaria y cierra cualquier posibilidad de respaldo legal a visiones democráticas de la educación pública. Es decir, esta ley hace que la educación pública se parezca más a una empresa privada, en donde una cúpula directiva designada externamente al establecimiento tomará las decisiones, ordenará, dirigirá, contratará y gestionará el destino profesional de los educadores y la trayectoria educativa de los clientes. Además perpetúa la actual subordinación de estatus y el desempoderamiento contractual de los docentes, al mismo tiempo que consagra los privilegios del director de establecimiento y crea nuevas figuras jerárquicas como la de Director Ejecutivo y Director de Educación Pública. Chile tendrá la educación pública menos democrática del mundo. Sí se ha desmunicipalizado, cuestión necesaria por la pobreza ética de algunos políticos que han sido alcaldes y sostenedores. Pero se ha aprovechado la petición ciudadana para implementar medidas de privatización endógena y minar las posibilidades democráticas de la educación pública. ¿Qué movimiento ciudadano ha marchado por más privatización endógena?

Más dirección y directivos, menos democracia en la educación

En la ley se profundiza el modelo de autoritarismo gerencialista, habitual en empresas cuyas cúpulas directivas desean mantener sus privilegios y controlar estratégicamente a la organización y sus trabajadores, sobre todo en cuestiones de decisiones administrativas. Este modelo empresarial de autoritarismo gerencialista se replica en la educación pública. ¿Es más eficiente? Claro, es más eficiente desde el punto de vista del control y la construcción de una visión hegemónica, ya que de esta forma, cuando hay problemas o disruptores benignos, se tienen la herramientas sancionadoras o protectoras (por ejemplo, despido), pero nefastamente dañina desde el punto de vista de la participación democrática, de la diversidad ideológica y del respeto a la dignidad, el bienestar y el estatus del resto de los profesionales. La educación democrática practicante es la única que permite construir ciudadanos democráticos de sentido fuerte. Algunos artículos del proyecto de Ley que profundizan el autoritarismo:

Artículo 21 expresa: “La dirección y administración de cada Servicio Local estará a cargo de un funcionario denominado Director Ejecutivo, quien será el jefe superior del servicio”. Sin duda el Director Ejecutivo es la figura con más privilegios locales dentro del ordenamiento jerárquico que mantiene esta ley.

El artículo 62 expresa: “La dirección y administración de la Dirección de Educación Pública estará a cargo de un funcionario denominado Director de Educación Pública, quien será el jefe superior del servicio. Estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en el Título VI de la ley N° 19.882 y será nombrado por el Presidente de la República. Su perfil profesional considerará experiencia relevante en el ámbito educacional”.

Se perpetúa la subordinación de estatus y el desempoderamiento de las/los docentes

En cuanto a las/los docentes, la ley mantiene el estatus de subordinación y desempoderamiento de esta profesión. Y conserva los privilegios directivos en la toma de decisiones. Ver por ejemplo el artículo referido al Consejo de Profesores.

El Artículo 12 expresa: “El consejo de profesores es una instancia colegiada de carácter técnico pedagógico y sus funciones se enmarcarán en dicho ámbito.”

Luego se define al Consejo de Profesores como una instancia que solo puede participar opinando y no tiene injerencia vinculante en la toma de decisiones del centro educativo. En el contexto organizacional de contratos frágiles y considerando que quien tomará la decisión final de contratación de las/los docentes serán los Directivos de cada establecimiento, el modelo de desempoderamiento de los trabajadores en general se aplica aquí a los docentes de la educación pública. Una máquina afinada muy eficaz en hacer desaparecer del sistema a las/los docentes críticos con el sistema público y de su dirección y en suprimir la diversidad de visiones ideológicas. Hay otros aspectos problemáticos, desde la mirada de justicia social en la educación que defiendo que no me detendré a analizar en esta columna.

Puedes indagar el Proyecto de Ley [No es la última versión] por ti mismo: Proyecto de ley

Un apunte sobre la estrategia empresarial nacional y global de privatización endógena impulsada a través de ONGs

Quiero expresar que este proyecto de ley endoprivatizador no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo estratégico de organizaciones y redes empresariales-académicas no democráticas, apoyadas por empresas privadas deseosas de formar trabajadores dóciles, con las competencias necesarias para que puedan ser mal pagados en sus sistemas de producción. Estas organizaciones aparentemente transversales y movilizadas por un supuesto consenso, dirigidas principalmente por ingenieros probando suerte en la educación, y usando los recursos económicos aportados por empresas interesadas en conservar y profundizar un modelo endoprivatizador de educación pública, se han apoderado del espacio de la sociedad civil y se han infiltrado en el aparato Estatal. En estas condiciones de asimetría de poder, la participación es muy desigual y la política educativa parece capturada por los intereses de los emprendedores del comercio. El caso más evidente y relacionado a esta ley es el de Educación 2020, organización incubadora de la ley, que ha apoyado públicamente el proyecto y que ha celebrado su aprobación como un éxito [ver imagen destacada]. Esta organización privada ha sido fundada por el ingeniero Mario Waissbluth, y es de público conocimiento que anteriormente estaba dirigida por la actual Ministra Adriana del Piano, quien ha llevado al Ministerioa varias personas de confianza que formaban parte de esta organización. Esta estrategia de influencia empresarial en la política educativa margina a otros actores con menos recursos y menos poderosos de la sociedad civil. Este problema no es exclusivo de Chile, sino también en otros lugares de Latinoamérica, como por ejemplo, en Brasil, como ha investigado Erika Moreira Martins en su libro Todos pela Educacao. Como os empresários estão determinando a política educacional brasileira.

Por último, plantear una pregunta para despertar la conciencia política sobre este problema de gobernanza y toma de decisiones asimétrica: ¿Quién está tomando las decisiones en educación en Chile? ¿Quiénes están escondidos detrás de los discursos de cientos de Ongs privadas en Chile? ¿Por qué ninguna reforma mejora el desempoderamiento de las/los trabajadores de la educación y de los estudiantes? ¿Nos interesa continuar con la privatización endógena de la educación pública?

Por mi parte, yo quiero una educación pública, pero una que garantice la participación vinculante de las comunidades educativas en todos los asuntos que les afecten, que no desempodere ni menoscabe el bienestar de los profesionales en nombre de la eficiencia y la eficacia, y una educación que contribuya a la promover valores democráticos y para la justicia social pluriversal. No quiero una educación pública no democrática dirigida desde Santiago, con una toma de decisiones jerárquica, que solo contribuya al enriquecimiento de unos pocos, a la aculturación de los pueblos originarios y al desarrollo económico mediante un proceso injusto.

(1) Ball y Youdell definen privatización endógena como: ” […] privatización que involucra la importación de ideas, técnicas y prácticas del sector privado con objeto de hacer el sector público más comercial o más parecido a un negocio.” En inglés: “Such forms of privatisation involve the importing of ideas, techniques and practices from the private sector in order to make the public sector more like businesses and more business-like”.

Miguel Stuardo Concha es investigador independiente. Doctor en Educación por La Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Ha realizado el Máster en Calidad y Mejora de La Educación (UAM). Es Profesor de Castellano y Comunicación y Licenciado en Educación (UFRO). Investiga sobre asesoramiento educativo, educación y justicia social. Visita su perfil en Research Gate ¿Te gustan las publicaciones de Miguel? Tal vez te interesa financiar su trabajo independiente con una microdonación y hacerlo sostenible. Donar via Mercadopago aquí -O- Donar via Paypal acá

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